Mientras que el gobierno de Obama afirma que sus esfuerzos en la aplicación de las leyes de inmigración se centran en la aprehensión de delincuentes y terroristas peligrosos, las estadísticas federales indican que una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero se dedica a detener y deportar inmigrantes que no representan una amenaza para nadie. De hecho, un gran número de deportados sólo ha cometido violaciones a las leyes inmigratorias. Así se desprende de las conclusiones de un nuevo informe del Pew Research Center. Dicho informe examina los datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos y muestra cómo los casos de inmigración están inundando los tribunales federales. Más precisamente, el informe analiza el creciente número de casos de personas acusadas de volver a entrar a Estados Unidos sin autorización después de haber sido deportadas—lo cual constituye un delito punible con hasta dos años de prisión.
Según Pew, el número de condenas por reingreso ilegal dictadas en tribunales federales aumentó 28 veces, pasando de 690 casos en 1992 a 19.463 en 2012. Por otra parte, el “aumento en la cantidad de condenas por reingreso ilegal representa casi la mitad (48 por ciento) del crecimiento en el número total de delincuentes condenados en tribunales federales” durante ese período. A medida que más de estos casos se han ido abriendo camino, la composición de la población condenada en tribunales federales ha cambiado drásticamente. Entre 1992 y 2012:
- La proporción de hispanos entre los sentenciados en tribunales federales creció del 23 por ciento al 48 por ciento.
- La proporción de individuos que no son ciudadanos estadounidenses entre los sentenciados en tribunales federales aumentó del 22 por ciento al 46 por ciento.
- La proporción de inmigrantes indocumentados entre los sentenciados en tribunales federales creció del 12 por ciento al 40 por ciento.
Como señala el informe de Pew, esta rápida transformación ha sido impulsada en gran parte por una decisión política adoptada en 2005 que consiste en ofrecer la opción de “retorno voluntario” a cada vez menos mexicanos detenidos al cruzar la frontera sin autorización. En lugar de hacerlos regresar a México sin una orden penal o de deportación formalmente emitida en su contra, como ocurría en el pasado, bajo la nueva modalidad las autoridades federales los deportarán con una condena por el delito menor de “entrada no autorizada”. En caso de que estos individuos fueran nuevamente capturados cruzando la frontera, los mismos serán acusados del delito grave de reingreso.
La disección que el informe de Pew realiza sobre el creciente número de casos de inmigración en los tribunales federales echa luz sobre un aspecto de un problema mucho más profundo: el grado en que la política federal de aplicación de las leyes de inmigración está orientada a la aprehensión, detención y deportación de individuos no violentos que no constituyen una amenaza ni a la seguridad pública ni a la seguridad nacional. La realidad es que muchas de estas personas tienen fuertes vínculos con Estados Unidos y están tratando de reunirse con sus familias en Estados Unidos. Que el gobierno esté procesando de manera tan agresiva a quienes sin tener otros delitos cruzan la frontera sin autorización demuestra que el aparato de control de inmigración se ha configurado para atrapar a la gente equivocada. Hay un doble estándar en la justicia de Estados Unidos y el tratamiento más severo se reserva con frecuencia para los inmigrantes.
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