Esta semana el American Immigration Council publicó dos nuevos informes que muestran a las claras ciertos patrones sistemáticos en el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. En particular, los informes ponen en evidencia una serie de abusos, tanto físicos como verbales, ejercidos contra inmigrantes indocumentados durante el proceso de aprehensión o mientras los mismos están detenidos. Asimismo, documentan prácticas corrientes de retención de pertenencias de los migrantes ocurridas durante el proceso de deportación.
Los informes están basados en el Estudio sobre el Cruce Fronterizo de Migrantes—una encuesta realizada entre 2009 y 2012 en México con inmigrantes recientemente repatriados—y ofrecen una perspectiva única sobre el comportamiento de una fuerza cuyas prácticas distan de ser transparentes. Entre los hallazgos del estudio se destacan los siguientes:
- Un 11 por ciento de las personas encuestadas han sido víctimas de alguna forma de maltrato físico y un 23 por ciento han sufrido abusos verbales. Cabe mencionar que, considerando el enorme número de personas que son detenidas y deportadas anualmente, estos porcentajes representan un elevadísimo número de individuos.
- Aproximadamente un 30 por ciento de las personas que declaran haber sido víctimas de abusos físicos manifestaron haber sido golpeadas y un 6 por ciento indicaron haber sufrido lesiones con secuelas.
- Entre los abusos verbales es frecuente el uso de insultos con referencias raciales.
Si bien las cifras sobre los abusos perpetrados contra los inmigrantes son escandalosas, los ataques contra la propiedad de aquellos no son menos importantes. En particular, el segundo informe publicado esta semana alude a la sustracción de pertenencias de los inmigrantes repatriados a manos de autoridades estadounidenses. Un tercio de las personas deportadas entrevistadas en el marco de este estudio han sufrido la sustracción y no devolución de algunas de sus pertenencias—entre las que se incluyen, por ejemplo, documentos de identidad, dinero o teléfonos celulares. La sustracción y no devolución de estos elementos tienen para las víctimas implicancias de enorme gravedad. Al no contar con sus pertenencias, una vez repatriados en México los migrantes se encuentran imposibilitados para realizar llamados telefónicos, pagar un boleto de autobús, recibir transferencias de dinero, o cambiarse de ropa. En ese contexto, “tomar un autobús hacia el sur resulta muchas veces tan difícil como volver a cruzar hacia los Estados Unidos”.
Los resultados de este estudio demuestran, por un lado, que los abusos expuestos no son ocurrencias aisladas sino la expresión de un rasgo estructural del sistema de deportación de personas actualmente vigente. Por otro lado, revelan una cultura institucional de utilización de violencia contra personas que no tienen recursos de defensa en su poder. A diferencia de otras agencias gubernamentales encargadas de la aplicación de la ley, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) y en particular la Patrulla Fronteriza, no están sujetas a estándares adecuados de rendición de cuentas. Por lo tanto, la ocurrencia sistemática de abusos como los detallados en el estudio, pareciera no tener coto.
Estos resultados deberían operar como un nuevo llamado de atención. Hace unas semanas, un informe de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendaba, para hacer frente a este tipo de problemas, una revisión de las políticas de uso de fuerza de CBP, una mejora de los mecanismos de rendición de cuentas de la fuerza, y una modificación de las prácticas de entrenamiento del personal con el objeto de prevenir abusos en materia de derechos humanos. Teniendo en cuenta los resultados alarmantes de este nuevo estudio, dichas recomendaciones parecieran estar más vigentes que nunca.
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