De acuerdo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), dentro del conjunto de personas que fueron deportadas en 2013 72.410 declararon tener uno o más hijos nacidos en Estados Unidos. De ellos, 39.410 fueron deportados en el primer semestre y los restantes 33.000 en la segunda mitad del año. En otras palabras, en un solo año miles de niños que son ciudadanos estadounidenses fueron separados de al menos uno de sus padres. Este es otro ejemplo de cómo la “máquina de deportación” está separando sistemáticamente a las familias y, en consecuencia, afectando las vidas de niños que son ciudadanos estadounidenses. En muchos casos, estos niños terminan en hogares de guarda después de que sus padres son deportados.
Los datos provienen de dos informes presentados por ICE al Congreso en abril del corriente año; sin embargo, dichos informes recién se hicieron públicos ayer a través de un artículo publicado en el Huffington Post. Paradójicamente, los informes hacen hincapié en el compromiso de ICE para “asegurar que las actividades de control migratorio de la agencia, incluidas la detención y remoción, no perturben innecesariamente los derechos parentales o los lazos familiares de los padres extranjeros”. Citando los memorandos sobre Prioridades de Aplicación Civil de la Ley Migratoria y de Discreción Procesal respectivamente (ambos emitidos por el ex director de ICE, John Morton), los informes hacen hincapié en la prioridad que se da a los lazos familiares en el ejercicio de la discreción procesal. En particular, sobre la base de esta filosofía, la agencia supuestamente destina sus recursos limitados al procesamiento de grupos identificados como prioritarios—es decir, aquellos que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, los migrantes no autorizados que ingresaron al país recientemente y aquellos que sean fugitivos o hayan obstruido los controles de inmigración.
Sin embargo, como ya hemos demostrado, a pesar de las afirmaciones de ICE de que prioriza la captura de terroristas, criminales violentos y miembros de pandillas, las propias estadísticas de deportación de la agencia no parecen confirmar dichas premisas. Más bien, la mayoría de los individuos que son aprehendidos por ICE y sometidos a la “máquina de deportación” sólo han cometido delitos relativamente menores, no violentos, o no tienen antecedentes penales en absoluto. Irónicamente, muchos de los inmigrantes que están siendo deportados podrían permanecer en el país si la reforma migratoria apoyada por la Casa Blanca se convirtiera en ley. Asimismo, un estudio realizado recientemente por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) muestra que en el año fiscal 2013, las dos categorías que ICE ha clasificado como delincuentes condenados—puntualmente, aquellos que cometieron una infracción de tráfico y aquellas personas condenadas por delitos de inmigración—representan la mitad de todos los individuos clasificados por ICE como deportados “criminales”.
El hecho de que una porción significativa de los individuos que están siendo deportados tienen fuertes lazos familiares en Estados Unidos y que, a su vez, miles de ellos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses no es un dato menor. Esto cobra especial importancia en la coyuntura actual, signada por dos elementos clave: por un lado, la inacción de la Cámara de Representantes en cuanto a la reforma migratoria; por otro lado, la revisión en curso de las políticas de deportación por parte del gobierno de Obama. Mientras el Congreso y el poder ejecutivo sigan postergando las soluciones, la tragedia de la separación de familias seguirá haciendo estragos.
Foto por Taichiro Ueki.
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